Preocupación por la inaplicación sistemática de la presentación de Informe de Impacto de Género
La Plataforma Impacto de Genero Ya muestra su preocupación por la inaplicación sistemática de la presentación de Informe de Impacto de Género acompañando a los proyectos de ley, reglamentos y planes, especialmente en las medidas anticrisis, en contra de lo preceptuado por la Ley de 2003, el art. 19 de la ley de Igualdad y la Recomendación de Naciones Unidas CEDAW a españa (adjunta) en que "CEDAW/C/ESP/CO/6 09-46099 7Además, pide al Estado parte que garantice la incorporación de la perspectiva de género en la elaboración y aplicación de cualquier programa o conjunto de medidas de estímulo que puedan implementarse como respuesta a la crisis financiera y económica mundial, y que haga un seguimiento de las tendencias, entre otras cosas reuniendo y analizando datos desglosados por sexo, sector profesional y modalidad de trabajo (a tiempo completo o a tiempo parcial) sobre los efectos de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos."
| proyectos | Millones de euros | ||
| Nº | % | Nº | % |
Escuelas infantiles | 692 | 2,5 | 146 | 2,9 |
Centros atención dependientes | 39 | 0,1 | 158 | 3,2 |
Centros para mujeres | 14 | 0,05 |
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Ante estos hechos se han solicitado reuniones con las representantes de la Comision de Igualdad del Congreso de los Diputados para dar seguimiento a dicho incumplimiento.
Beijing + 15 y Presidencia española de la UE
Con ocasión de las reuniones de revisión y evaluación de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que coinciden en febrero-marzo 2010 con el semestre de presidencia española de la UE:
La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, insta al Gobierno español a realizar una completa rendición de cuentas sobre sus políticas públicas en cuestiones como el impacto de género de las medidas anti-crisis económica, la discriminación laboral y educativa de mujeres y niñas, la violencia de género, la trata de mujeres y las discriminaciones múltiples que sufren determinados sectores de mujeres.
Madrid.- El próximo marzo de 2010, Naciones Unidas recogerá información de los gobiernos sobre los doce objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing 1995, y de cómo la crisis mundial afecta a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. El Gobierno español deberá entonces rendir cuentas como Estado, y como representante de la Europa comunitaria al ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.
La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, reconoce la importancia del impacto de la crisis económica actual sobre el acceso efectivo de las mujeres a los derechos económicos y sociales, así como sobre la financiación de medidas eficaces contra graves abusos de los derechos humanos, como la violencia de género. Por ello, llama la atención sobre el hecho de que cualquier propuesta de recuperación frente a la crisis debe tener en cuenta las profundas desigualdades entre mujeres y hombres. Así pues, presentamos las siguientes recomendaciones dirigidas a las y los responsables de la toma de decisiones a escala nacional, europea e internacional:
1.- Acompañar de políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente la aprobación de las normas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. Al mismo tiempo, recordamos al Estado español que tiene pendiente desarrollar todas las recomendaciones del Comité de la CEDAW, vinculantes para todos los poderes públicos, derivadas de su VI Informe sobre España (agosto de 2009).
2.- Garantizar la coordinación de los mecanismos, estructuras y recursos en la aplicación de las políticas en materia de igualdad a todos los niveles, incluyendo la ayuda oficial al desarrollo.
3.- Incorporar los Informes de Impacto de Género en la elaboración y aplicación de cualquier norma, plan y política, incluidos los planes de recuperación económica. Se insta al Gobierno español a realizar y mejorar estos informes, con la inclusión sistemática de información numérica sobre ingresos y gastos.
4.- Los paquetes para la recuperación económica, deberán dar prioridad a la creación y/o retención de empleo para las mujeres, así como garantizar una respuesta coherente a la dimensión de género en las políticas económicas, laborales y sociales.
5.- Aplicar un enfoque coordinado y multisectorial para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres, no solo la cometida por la pareja o expareja, a través de medidas de prevención, detección, atención, protección y acceso a la justicia y a la reparación, que consideren la diversidad de las mujeres y sus necesidades.
6.- Garantizar la seguridad humana y la participación de las mujeres en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y fomento de la paz, incluyendo las decisiones sobre el desarme universal.
7.- Aplicar medidas eficaces para la prevención de embarazos no deseados y de promoción del ejercicio pleno del derecho al aborto en la red sanitaria pública con todas las garantías.
8.- Proporcionar una atención sanitaria desde un modelo biosicosocial que considere los determinantes de género dirigida a:
- Evitar la medicalización del cuerpo de las mujeres en relación al parto, malestar, terapia hormonal sustitutiva, vacunación del Papiloma virus, mamografías, consumo de cirugía estética, técnicas de reproducción asistida: todo ello desvía recursos financieros, humanos y de investigación ante las necesidades y demandas de salud de las mujeres.
- Visibilizar los problemas de salud de las mujeres relacionados con el cuidado a las personas dependientes a su cargo, la invalidez, los procesos de enfermedad degenerativa propias de la vejez; anorexia, obesidad, fibromialgia, y proporcionar servicios de atención acordes a la necesidad planteada.
- Vigilar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de las mujeres.
9.- Visibilizar la prostitución como producto de la discriminación de género, desincentivar la demanda, y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres que la ejercen.
10.- Aplicar las medidas del Convenio Europeo contra la trata de personas, especialmente en lo relativo a la creación de un mecanismo de identificación de las víctimas. Intensificar, así mismo, los esfuerzos de cooperación con los países de origen, transito y destino, con el fin de prevenir la trata y poner a sus responsables a disposición de la justicia.
11.- Asegurar que las políticas de migración, la integración y las políticas de asilo se basen en los derechos humanos. Dar prioridad absoluta a la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en situación irregular frente a las políticas de control migratorio. Vigilar los posibles efectos disuasorios del artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, relativo a la apertura de un expediente de expulsión a mujeres víctimas en situación irregular.
12.- Apoyar la propuesta de asociaciones de inmigrantes y de feministas canalizada por INSTRAW en 2009, de equiparación de las 754.000 empleadas de hogar al régimen laboral general. En estas mujeres confluye una doble discriminación, como trabajadoras de un régimen laboral y de seguridad social con menos derechos, y como inmigrantes, pues el 92% de las 289.500 personas extranjeras no comunitarias de alta en este régimen son mujeres.
13.- Redoblar los esfuerzos para eliminar las imágenes y actitudes estereotipadas sobre los roles de las mujeres y hombres en las familias y la sociedad.
14.- Respecto a las mujeres campesinas y del medio rural, desarrollar el derecho a la Titularidad Compartida de las explotaciones, con entidad jurídica suficiente, y conceder derechos profesionales e ingresos justos a las mujeres que están trabajando sólo como “Ayuda Familiar”. Reconocer a las mujeres productoras de alimentos sostenibles, y su imprescindible papel en la construcción de la Soberanía Alimentaria.
15.- Adoptar medidas efectivas para eliminar la discriminación contra las mujeres de etnias y grupos minoritarios, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad. Tomar fuertes medidas contra el uso de argumentos basados en el relativismo cultural, valores religiosos o las creencias y/o prácticas, para justificar cualquier violación de derechos humanos de las mujeres.
16.- Garantizar el acceso de las niñas a la educación en pie de igualdad, y dotar al sector educativo de los medios necesarios para asegurar su proactividad, con el fin de combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres.
17.- Reclamar que, en caso de nacimiento o adopción, los permisos para cada progenitor (ahora llamados de paternidad, de paternidad o parentales), sean iguales, intransferibles, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%.
18.- Cumplir los compromisos e impulsar la coherencia de políticas para promover la igualdad de género y erradicar la pobreza. La declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, reconoce la pobreza como “un problema complejo y multidimensional y sus orígenes están tanto en el ámbito nacional como en el internacional”. Este consenso debería estar presente a la hora de definir políticas y programas transnacionales de índole económica, comercial y financiera en coherencia con la cooperación al desarrollo, así como los acuerdos de colaboración con los países socios. La cooperación de la UE y la cooperación española deben alcanzar en el medio plazo una coherencia de políticas que permita que lo que se avanza a través de la eficacia de la ayuda no se vea mermado con otro tipo de políticas, especialmente las comerciales, financieras y migratorias.
Comunicado de Prensa
La Plataforma ¡Impacto de Género YA! aplaude la existencia del Informe de Impacto de género de los PGE por segundo año consecutivo aunque lo considera insuficiente
La Plataforma ¡Impacto de Género YA! considera grave obviar la política fiscal en el informe de impacto de género de los PGE 2010
Madrid, 20 de octubre de 2009.-La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, valora positivamente que por segundo año consecutivo la Ley de los Presupuestos Generales del Estado adjunte el Informe de Impacto de Género, aunque el régimen especial establecido por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, para la valoración del impacto de género de la Ley de Presupuestos exige para su continuidad y eficacia su inclusión en los artículos 36 y 37 de la Ley General Presupuestaria. Cabe destacar que fue presentado en correcto tiempo y forma. Así mismo, el uso de una estructura común para el análisis de de todos los programas de gasto facilita el seguimiento.
No obstante, desde la Plataforma ¡Impacto de Género YA! No queremos dejar de hacer hincapié en que el informe no incluye cifras ni importes que apoyen cuantitativamente el análisis de los programas y objetivos de igualdad y su peso en la programación estatal. Apenas el Ministerio de Interior presenta algunas cifras y el resto de los ministerios lo hace aislada. Esta carencia no garantiza el principio de publicidad y transparencia de las políticas públicas, y conlleva un análisis superficial de los programas.
Además, la Plataforma quiere poner énfasis en las siguientes observaciones:
- Por segundo año consecutivo el informe de impacto no contempla el estudio de los ingresos. La política fiscal tiene un impacto de género muy relevante que debe ser estudiado y recogido, obviar este ámbito en un informe de género resulta una falta de gran importancia.
- El análisis del gasto de los departamentos ministeriales se reduce a las partidas vinculadas con la Ley de Igualdad y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, olvidando aplicar el análisis de género al resto de las partidas.
- Aún haciendo un análisis exclusivo de los gastos ni siquiera contempla todos ellos. Así, el Ministerio de Fomento, que supone el 12,64% del gasto de Ministerios, y Política Territorial, que gestiona el 5,6%, tampoco existen datos de la Seguridad Social, especialmente relevante ya que de ella dependen las pensiones, prestaciones por desempleo, maternidad y paternidad.
- En Atención a la Dependencia se analiza la igualdad del programa 231F de 246 millones, pero no la del principal de 1.830 millones, pese al problema de las cuidadoras.
- El informe es en nuestra opinión insuficiente e incompleto ya que reitera objetivos y resultados de los distintos Planes incluidos en las partidas presupuestarias, sin entrar a analizar las partidas presupuestarias, como por ejemplo en el caso del Plan de Trata
- La clasificación de programas que realiza el informe establece tres grupos según el grado de relación de conexión con la igualdad. Resulta llamativo que jefatura de estado, gestión de aguas y medioambiente consten en el grupo de programas sin incidencia evidente y manifiesta en la igualdad de género
- Llama la atención que el Ministerio de Igualdad no haga ninguna referencia a las recomendaciones que realiza la CEDAW al gobierno de España siendo éste el ministerio que coordina el informe.
- Las conclusiones del informe resultan vagas y generalistas. En este sentido, cabría esperar del informe de impacto de género de los presupuestos Generales del Estado algo más que una referencia a la importancia del uso de un lenguaje inclusivo.
Desde la Plataforma solicitaremos a los co-firmantes del Informe de Impacto, Ministerio de Igualdad y Ministerio de Economía que nos faciliten las cifras en euros de los programas presupuestarios analizados en el informe.
FIN
La ONU evalúa las políticas españolas sobre igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género
Descárgate el Informe de "Observaciones del Comité de la CEDAW" de agosto 2009 en este blog
La Plataforma presenta un informe "sombra" ante Naciones Unidas
EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DE NACIONES UNIDAS POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL EN EL PERIODO 2005 - 2008
La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, ha presentado un “informe sombra” ante Naciones Unidas con el fin de promover una revisión en profundidad de las políticas públicas del Gobierno español en cuestiones tan relevantes como la discriminación laboral y educativa de las mujeres y niñas, la violencia de género, la trata de mujeres, la protección de determinados colectivos frente a las discriminaciones múltiples, la prostitución o el derecho al aborto.
El próximo 22 de julio de 2009, el Gobierno español rinde cuentas ante el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés, en adelante la Convención), sobre la aplicación en España de esta norma internacional que fue ratificada en 1984 y desde entonces tiene fuerza vinculante en nuestro país.
Además de España, entre el 20 de julio y el 7 de agosto, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, las 23 expertas independientes que integran el citado Comité examinarán la aplicación de la Convención en Argentina, Azerbaiyan, Bhutan, Dinamarca, Guinea Bissau, Japón, Laos, Liberia, Suiza, Timor Leste y Tuvalu.
Participación de la sociedad civil ante Naciones Unidas
En este contexto de evaluación, el Comité de Naciones Unidas que vigila la Convención valora muy positivamente la participación de la sociedad civil, a través de la elaboración de “informes sombra”. Por medio de este cauce las expertas reciben de las organizaciones y movimientos sociales de los Estados, información independiente que les permite contrastar la información institucional.
En el caso de España han presentado “informe sombra” ante Naciones Unidas, el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano y la Plataforma Impacto de Género Ya (en adelante La Plataforma), de cuyas integrantes han elaborado el informe: la Federación de Agentes de Igualdad, la Comisión de Malos Tratos, Las Tejedoras, Forum de Política Feminista, Mujeres por la Paz, Federación de Mujeres Jóvenes, STES, Confederación de Mujeres Rurales CERES y ACSURAS.
El informe de La Plataforma observa avances incompletos en materia de igualdad
El informe de la Plataforma da la bienvenida de importantes normas en pro de la igualdad de género y contra la violencia sexista en este periodo en España, entre las que cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, advierte que la aprobación de dichas normas no ha venido acompañada de políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente, con lo cual persisten importantes trabas que impiden el acceso efectivo a la igualdad de género y a una vida sin violencia para las mujeres.
El informe valora muy positivamente la creación del Ministerio de Igualdad, en abril de 2008, en consonancia con importantes recomendaciones internacionales. No obstante, el presupuesto dotado lo consideramos insuficiente (en 2009 ha sido de 80,96 millones de euros que supone tan solo el 0,02% del gasto no financiero del Estado español).
Además, el informe de La Plataforma alerta sobre las siguientes debilidades de las políticas públicas españolas en materia de igualdad de género:
• La participación de las asociaciones de mujeres en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas no es amplia, ni autónoma, al restringirse a órganos designados por el Gobierno. Aún no se ha creado el Consejo de Participación de la Mujer.
• Existen deficiencias en coeducación (150 centros de educación separada por sexos se financian con dinero público) y la educación infantil pública 0 a 3 años sólo cubre el 12%.
• Persisten los mensajes discriminatorios en los medios de comunicación y la publicidad sexista, y no existen controles ni sanciones eficaces.
• La feminización de la pobreza es una realidad que afecta a 1 de cada 3 mujeres mayores de 65 años en España;
• Persiste la división sexual del trabajo y la corresponsabilidad de hombres, Estado y empresas en tareas reproductivas es escasa.
• La segregación y discriminación de las mujeres en el empleo afecta al salario, al tipo de puesto de trabajo, a la modalidad contractual y a las profesiones.
• Las mujeres del medio rural afrontan jornadas laborales de más de 60 horas sin reconocimiento, y persiste discriminación en el acceso a la titularidad de las explotaciones.
• El Gobierno ha incumplido el compromiso de reformar el régimen laboral de empleadas de hogar, anunciado en 2007, lo que implica la desprotección laboral de mujeres migrantes.
• El porcentaje de abortos practicados en la red pública sanitaria es inferior al 3% y se sigue amparando la “objeción de conciencia” del personal sanitario en este ámbito, a pesar de que el propio Comité de la CEDAW considera discriminatorio utilizarla para mermar la aplicación de leyes que reconocen derechos fundamentales de las mujeres.
De las 16 recomendaciones que dirige La Plataforma al Gobierno español, destacan:
• Incorporación obligatoria de Informes de Impacto de Género en la elaboración y aplicación de normas y políticas públicas de igualdad.
• Garantía de recursos presupuestarios suficientes para aplicar planes y medidas de igualdad.
• Cauces de evaluación periódica y participativa de las políticas y medidas de igualdad.
• Prevención y atención a todas las formas de violencia de género, no sólo la cometida por la pareja, a través de medidas que consideren la diversidad de las mujeres y sus necesidades.
• Prioridad absoluta de la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en situación irregular, frente a las políticas de control migratorio.
• Aplicación efectiva de las medidas del Convenio Europeo contra la trata de personas, especialmente en lo relativo a la creación de un mecanismo de identificación de las víctimas.
• Garantías de igualdad en el empleo (en el acceso, tipo de contrato y condiciones). Racionalizar los horarios laborales para conciliar la vida personal y laboral.
• Inclusión de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Diagnóstico participativo de necesidades, dificultades y desventajas de las mujeres del medio rural (acceso a la justicia, participación política, acceso y control del crédito, etc.).
• Medidas eficaces de prevención de embarazos no deseados y de promoción del ejercicio del derecho al aborto en la red sanitaria pública, con todas las garantías.
• Acción integral que visibilice la prostitución como producto de la discriminación de género, desincentive la demanda y garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres.
El Informe de la Plataforma se encuentra, como el informe oficial del Gobierno español, en la página web de Naciones Unidas http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws44.htm
Conclusiones del III Congreso de Economía Feminista
Las participantes en el Tercer Congreso de economía feminista realizado los días 2 y 3 de abril en Baeza, Jaén, llegaron a un amplio consenso sobre la actual crisis económica y sus consecuencias, lo que se concretó en el siguiente Manifiesto:
1.- La crisis económica y financiera que amenaza el tejido social y el bienestar de las personas se superpone a otras crisis, como las del cuidado, la ecológica, la del modelo económico y de desarrollo, así como, la moral y la ética.
2.- La crisis ataca directamente las condiciones de vida de las personas y sobre todo de los sectores de población más vulnerables, incluyendo a las mujeres, que no han sido responsables de las políticas y decisiones que han llevado a esta situación.
3.- Los responsables de esta crisis son las élites del sector financiero y empresarial, así como los gobiernos que han impuesto las políticas neoliberales de las dos últimas décadas, siguiendo los postulados de la economía ortodoxa y patriarcal y del fundamentalismo de mercado.
4.- Las medidas anti-crisis que se están adoptando pueden agravar las desigualdades ya existentes entre mujeres y hombres. Por ejemplo, enfatizando la inversión pública en sectores económicos en crisis -poco sostenibles como el del automóvil o el de la construcción-, y no, en infraestructura social – como educación, salud, cuidados y protección social.
5.- La crisis implica un riesgo de intensificar la división sexual del trabajo y las desigualdades que genera. Pero también, representa una oportunidad y un desafío para establecer nuevas formas de producción y consumo, y de reorganizar las estructuras y relaciones del cuidado, estableciendo un reparto equitativo entre mujeres y hombres del trabajo remunerado y no remunerado. Esto se tendría que hacer con un aumento de la corresponsabilidad entre los distintos agentes involucrados en el bienestar social, incluyendo el Estado a través de un presupuesto público progresista que a través de los ingresos, gastos y beneficios fiscales redistribuya equitativamente los recursos –que garantice el acceso al crédito-, y sea coherente con el objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres.
6.- Como economistas feministas denunciamos la economía ortodoxa y el fundamentalismo de mercado, dominantes en las facultades de económicas y en las acciones de gobierno que nos han llevado a la situación de crisis en la que nos encontramos.
Por tanto, exigimos incluir una perspectiva feminista en los planes de estudio y la investigación, así como en la política económica y en las medidas anti-crisis que se están diseñando.
Manifiesto 'Igualdad de Género frente a la crisis económica'
La crisis económica y financiera actual evidencia el fracaso de un modelo económico insostenible y proporciona una oportunidad histórica de revertirlo. Para ello es necesaria la contribución y la movilización de la sociedad civil, y especialmente del movimiento feminista. Los gobiernos y organismos internacionales no están reaccionando en el sentido de revertir el modelo, sino de lograr la continuidad del mismo. Para denunciar lo insostenible del modelo actual y para reclamar las medidas "anticrisis" no impliquen recortes de los derechos de las mujeres se ha creado el blog "Feminismo ante la crisis", que propmueve la firma y envío al Congreso de los Diputados de un MANIFIESTO.
Blog: http://feminismoantelacrisis.wordpress.com/
Firma el Manifiesto para pedir al Congreso de los Diputados en http://www.petitiononline.com/femantec/petition-sign.html






