PRESUPUESTOS DEL ESTADO PARA 2015: A LAS ELECCIONES CON TACONES Y MAQUILLAJE

El presupuesto del Estado para 2015 consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) asciende a 440.077,79 millones: 9.462 euros por habitante. Las organizaciones feministas firmantes hemos analizado, por 7º año consecutivo, la repercusión en la igualdad entre hombres y mujeres de la cuantía y distribución del gasto público y de los ingresos que lo alimentan. A diferencia del Informe Oficial de Impacto de Género que acompaña al Proyecto de Presupuestos, nosotras SÍ queremos hablar de dinero, queremos hablar de TODO el dinero público y queremos que toda la sociedad y el parlamento que la representa USEN el criterio de igualdad social y de género en su voto al Presupuesto.

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir la prostitución y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos pese a la reforma tributaria: es un año de elecciones municipales, a 13 Comunidades Autónomas y legislativas.

La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Denunciamos que los gobernantes incumplan la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 y no contabilicen bienes y servicios de cuidados de la infancia y personas dependientes que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, y sin embargo se suban sobre actividades ilícitas para ‘crecer’.

Lo que crece de verdad es la deuda pública. En 2015 se prevé pagar 160.231 millones por la suma de 35.560 millones de intereses (Capítulo 3) y 124.571 millones de activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9). Es un 9,9% más que en 2014, sufriendo las adquisiciones de bancos en quiebra, préstamos y avales privados, y superó en junio 2014 el billón de euros, por lo que seguirá ahogando el gasto público social y de creación de empleo, por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que atribuyan a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000 al 52% para los de más de 300.000, en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la justicia social y de género, y es dudoso que las rebajas permitan financiar el gasto social.

Además, manifestamos nuestra especial pre-ocupación sobre los siguientes puntos:

1.- Mínima recuperación del empleo femenino, precarización y desprotección del desempleo.

La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo (población activa) desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. Influye el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:

	Empleos IT2008	Empleos IIIT2014	Empleos perdidos	% de empleo perdido	Empleos recuperados IIIT2013-2014	% de empleo recuperado	Años para recuperar 2008
Hombres	12.014,00	9.605,90	2.408,10	20,0	221,10	9,2	10,9
Mujeres	8.605,90	7.898,10	707,8	8,2	52,90	7,5	13,4

Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres (INE Encuesta de Estructura Salarial 2012). Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres, por lo que es necesario no recortar la protección, sino añadirle una Renta mínima garantizada individual para las personas sin ingresos.

Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados.

La partida de Fomento de la inserción laboral crece un 17%, 4.712 millones destinados a bonificaciones en la contratación, formación, mejora de la empleabilidad, entre ellas las indicadas en el Informe Oficial de Impacto de Género (IIG), pero llama la atención que, siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado. 

2.- Políticas de igualdad de las mujeres: subida para el Instituto que gestionará el 2% del Plan de Igualdad y el 0,005% del Presupuesto, y deberá suplir el recorte de los ayuntamientos.

El programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” se dota con 20,82 millones de euros, una subida del 9,2% respecto a 2014, que sólo alcanza el 55% respecto a 2009, pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer (al que la Ley 15/2014, de 16 de septiembre denomina ‘Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades’ y añade las políticas contra la discriminación racial o étnica) gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que según el Consejo de Ministros del 07.03.2014 se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y el 0,005% del Presupuesto del Estado.

El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con CC. Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género[1], contradiciendo la eliminación por la Ley 27/2013 del Estado de la competencia municipal en promoción de la igualdad de las mujeres, antes artículo 28 de la Ley de Régimen Local.

3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 8,6%, insuficiente para suplir la extinguida financiación municipal de los puntos de atención a la violencia de género.

El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009.

Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección (ATENPRO) mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos[2], pero la Ley 27/2013 en los puntos 3.c) y 6 del artículo 27 sólo permite a los ayuntamientos la ‘Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer’ por delegación autonómica o estatal ‘acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación’.

No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, y la implementación del 2º Plan contra la trata con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €.

Consideramos que el conservadurismo en los objetivos del programa no se adecúa a la necesidad social de reactivar la lucha contra la violencia: 

Objetivos del programa. Indicadores	2013 realizado	2014 presu-puestado	2015 presu puestado	% Variación 2015/2014
Denuncias	124.893	135.000	135.000	0,00
Pulseras telemáticas vigilancia orden de alejamiento	726	900	775	-13,89
Ayudas sociales a víctimas	468	275	500	81,82
Llamadas atendidas en el teléfono 016	58.274	55.000	65.000	18,18
Mujeres empleadas c/ ayudas a empresas	717	350	900	157,14
Subvenciones a asociaciones de mujeres y otras	40	50	52	4,00
Mujeres con teleprotección móvil ATENPRO	10.426	10.500	11.000	4,76
Municipios adheridos a ATENPRO (Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género)	955	960	960	0,00
Unidades de coordinación	67	68	67	-1,47

4.- El Estado atenderá al nivel mínimo a 723.471 personas en situación de dependencia, el 45% de los 1.613.570 solicitantes, con un promedio de 136 euros por persona y mes.

La aportación del Estado para el sistema de Atención a la Dependencia será de 1.177 millones de euros para la cobertura del nivel mínimo -la Disposición adicional 51 de la Ley de Presupuestos 2015 mantiene suspendido el complemento para nivel acordado con las CCAA- y 5 millones al fondo SEPIDES para infraestructuras privadas, lo que supone un incremento del 0,38%, que no compensa la reducción sistemática desde el RD-Ley 20/2012 de la intensidad de los servicios, la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, el incremento del copago y la suspensión de la atención a personas con dependencia moderada, que empeora la calidad de vida de las personas dependientes y carga su atención sobre las mujeres de la familia.

En España hay más de 1.200.000 personas dictaminadas como dependientes. Según datos del IMSERSO a 31 de agosto 2014, a 898.179 de ellas se les ha reconocido ya el derecho a atención, pero sólo la reciben el 80,3%. Es decir, 176.667 personas y sus hijas, esposas o madres cuidadoras están ‘en el limbo de la dependencia’, excluidas de la cobertura universal establecida por la Ley. A ellas se suman más de 100.000 solicitantes sin dictaminar y 314.000 personas con dependencia moderada Grado I ya dictaminada esperando acceder a la atención el 1 de julio de 2015, según el calendario demorado dos veces por el Gobierno. Además, pese a estar contemplada en la Ley como excepcional, la prestación mayoritaria sigue siendo la paguita por cuidados familiares, (42,3%), frente al 14,1% de atención residencial, 12,8% con ayuda a domicilio, 12,7% con teleasistencia y 7,8% en centros de día.

Pese a ser mujeres el 66% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras, el Informe Oficial de Impacto de Género, como en años anteriores, no analiza el programa presupuestario 231I ni su impacto en el reparto del cuidado.

5.- La aportación del Estado a los servicios sociales municipales será de 7 euros por persona atendida 

El número de personas empobrecidas o en riesgo de exclusión social sigue aumentando como consecuencia del desempleo, el descenso de salarios y recorte de prestaciones sociales. En la actualidad más de 8 millones de personas son atendidas por los servicios sociales de base en sus ayuntamientos, que a partir de la Ley 27/2013 dejan de ser de proximidad y pasan a las CC. Autónomas, excepto información y alguna prestación económica de emergencia. En ese contexto, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Posteriormente la  Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, 59,4 millones que supondrían 7 euros/año por persona atendida. Así, se abandona a su suerte a las personas más afectadas por la crisis, entre las cuales se encuentran numerosas mujeres solas o con hijos a cargo, y se sustituye el modelo social por el de caridad y beneficencia que creíamos superado.   

Siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.  

6.- Se consolida una Sanidad Pública menos pública, universal y gratuita, y de menor calidad

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad crece por primera vez desde 2011, un 2,2%. Pero su gasto en sanidad sufre un nuevo recorte, que se suma al de años anteriores, situándose en el 56% del de 2011, principalmente por el recorte en 20,3 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria.

El importe previsto de las transferencias a las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público, aumenta el 7,8% respecto a 2014: 22.772 millones de euros, de los que 17.514 millones son para el sistema de financiación común y los fondos de compensación interterritorial.

Pese a este pequeño aumento de las transferencias previstas, la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 contempla un recorte en gasto sanitario autonómico de 1.700 millones en 2015 y 1.400 millones en 2016, en gasto farmacéutico y en conciertos, subvenciones y transferencias de prestación de servicios y suministros, añadidos a los cerca de 15.000 millones producidos desde 2009, que han bajado la cobertura y la calidad del sistema público, con privatizaciones, reducción de plantillas (53.000 trabajadores menos que en 2009), reducción de camas, aumento de listas de espera, recortes y copagos en medicamentos y prótesis y exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes mayores de 18 años sin permiso de residencia.

7.- Educación: las apuestas de la LOMCE incluyen la segregada, pero no la infantil ni la compensatoria

El Presupuesto para 2015 tiene un leve incremento (del 5%) en activos financieros, es decir, préstamos a las CCAA para implantar la FP Básica, la medida estrella de la LOMCE, que no ha conseguido ni siquiera el número de alumnos de los PCPI (módulos obligatorios) a los que sustituía.

Sigue la muy fuerte reducción de los fondos del Programa de Compensatoria, que se pasan a financiar la FP Básica, con la consiguiente pérdida de equidad.

En un escenario que se tilda de recuperación económica y de fomento de la natalidad, las partidas para la escolarización infantil de 0 a 3 años en el programa 322A del Presupuesto 2015 suponen un recorte del 75% respecto del de 2010, especialmente por la supresión de los fondos a las CCAA para incrementar su tasa de escolarización en esa etapa. El curso 2014-2015 es el segundo consecutivo en que el alumnado de educación infantil de 0 a 3 años baja, pese a que sólo el 36% de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados.

Mantiene el endurecimiento de las condiciones laborales del profesorado, mayoritariamente femenino, dificultando conciliación de la vida laboral y familiar

Apoya a los centros concertados contarios a la coeducación, financiándolos con fondos públicos, con el respaldo de la LOMCE,

No afrontan con medidas efectivas la discriminación contra las alumnas en las etapas o niveles educativos:

• En las FP de Grado Superior, 14 de las 23 familias profesionales tienen menos del 50% de alumnado femenino, lo que se acentúa en las familias de mayor prestigio social.
• En la modalidad de Ciencias y Tecnología del Bachillerato, las alumnas sólo suponen el 45,6%, frente al 57,8% que suponen en la Modalidad de Humanidades y CC Sociales, siendo, en el conjunto del Bachillerato mayoritarias. Este sesgo el algo mayor en los centros privados, constituyendo la base del menor acceso a Ingenierías y carreras técnicas de la Universidad. Las chicas siguen siendo mayoritarias en las opciones que apuntan a carreras o ciclos de FP de Grado Superior biosanitarios o de ciencias de la salud; y son claramente minoritarias en las opciones que apuntan a las carreras o ciclos más técnicos.

El extenso capítulo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Informe Oficial de Impacto de Género (100 páginas) no analiza el programa 322 A Educación infantil y primaria, y en el programa de Becas (777.394 estudiantes con beca media de 1.811 €/año en el curso 2013-2014) dice genéricamente que en las universitarias la distribución por sexos ‘es similar’ a la matriculación y ‘similar’ a la de cursos anteriores.

8.- ¿No hay diferencias por sexos en el sistema de pensiones?

El IIG no contempla el programa de pensiones contributivas 211 M y el programa 212M de pensiones no contributivas (70% de mujeres). ¿Cómo se puede ignorar el impacto de género de esta medida con estas cifras?

Numero de Pensionistas y Pensión media mensual por sexo y tipo de pensión
	Hombres	Mujeres	Mujeres		Hombres	Mujeres	%
	Núm.	Núm.	% Tipo Pensión	% mujeres	Pensión Media Euros/mes	Pensión Media Euros/mes	Pensión media mujer/hombre
Incapacidad permanente	606.446	323.644	6,6	34,8	981,48	794,69	81
Jubilación	3.536.734	2.033.584	39,8	36,5	1167,48	714,02	61,2
Viudedad	171.216	2.179113	43,8	92,9	473,72	636,54	134,4
Orfandad	171.410	157639	2,9	47,9	368,05	370,71	100,7
Favor de familiares	9.772	28739	0,6	76,2	469,69	512,32	111,2
Total Pensiones Contributivas	4.495.578	4.722719	93,7	51,2	1083,97	671,17	61,9
Pens. No Contributivas Jubilación	47.671	203.494	4,1	81,0	353,4	353,40	100,0
Pens. No Contributivas Invalidez	89.020	106.156	2,1	54,4	396	396,00	100,0
Total Pens. No Contributivas	136.691	309.650	6,3	69,4	749,4	372,00	100,0
TOTAL	4632269	5032369	100,0	52,1	1431	638,62	61,2

9.- La cooperación al desarrollo no recupera suficientes recursos para beber los réditos del pasado

Las asignaciones presupuestarias para 2015, pese a incrementarse un 5%,  (22,45 millones de €) ni siquiera compensa los 26 millones de reducción sufrida en el presupuesto de 2014 y mucho menos el recorte del 60% acumulado en los años anteriores en una de las políticas más maltratadas durante la crisis:

	2014	2015	diferencia	INCREMENTO
Cooperación al Desarrollo	494.026,66	516.476,70	22.450,04 €	5%
Total Mº Exteriores y Cooperación	1.598.545,87	1.662.684,62	64.138,75 €	4%

 

En lo que respecta al Informe Oficial de Impacto de Género, consideramos positivo que, a diferencia del año pasado, analice el conjunto de los programas (Incluyendo el programa 142A Acción del Estado en el Exterior, que es más de la mitad del presupuesto del Ministerio). Pasa a tener 27 páginas (el año pasado eran 11), en todos los programas incluye un apartado específico de "Análisis de Impacto de Género" que antes no había, e identifica propuestas de actuaciones para obtener un impacto positivo en la igualdad de género. No obstante, dentro del programa de cooperación continua identificando entre las principales acciones de igualdad de género de la AECID proyectos como el de “Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la Región Andina”, y el “programa de presupuestos sensibles al género” desarrollado por ONU-MUJERES en América Latina, a los que no se han destinado recursos desde el presupuesto 2012, llegando a señalar incluso que "España se ha convertido en un donante clave en la región (América Latina) en lo que se refiere al fomento de la equidad de género"

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[1]    La página 168 del Presupuesto de gasto por programas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dice que, ahora que han quitado la competencia municipal, van a dar ‘apoyo a la implementación municipal de planes de igualdad’.

[2]    Instaura un ‘Premio a las Buenas Prácticas de las Entidades Locales’, pag 188 del Presupuesto de gasto por programas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad