EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO DE NACIONES UNIDAS POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL EN EL PERIODO 2005 - 2008
La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, ha presentado un “informe sombra” ante Naciones Unidas con el fin de promover una revisión en profundidad de las políticas públicas del Gobierno español en cuestiones tan relevantes como la discriminación laboral y educativa de las mujeres y niñas, la violencia de género, la trata de mujeres, la protección de determinados colectivos frente a las discriminaciones múltiples, la prostitución o el derecho al aborto.
El próximo 22 de julio de 2009, el Gobierno español rinde cuentas ante el Comité de Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, según sus siglas en inglés, en adelante la Convención), sobre la aplicación en España de esta norma internacional que fue ratificada en 1984 y desde entonces tiene fuerza vinculante en nuestro país.
Además de España, entre el 20 de julio y el 7 de agosto, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, las 23 expertas independientes que integran el citado Comité examinarán la aplicación de la Convención en Argentina, Azerbaiyan, Bhutan, Dinamarca, Guinea Bissau, Japón, Laos, Liberia, Suiza, Timor Leste y Tuvalu.
Participación de la sociedad civil ante Naciones Unidas
En este contexto de evaluación, el Comité de Naciones Unidas que vigila la Convención valora muy positivamente la participación de la sociedad civil, a través de la elaboración de “informes sombra”. Por medio de este cauce las expertas reciben de las organizaciones y movimientos sociales de los Estados, información independiente que les permite contrastar la información institucional.
En el caso de España han presentado “informe sombra” ante Naciones Unidas, el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), la Fundación Secretariado Gitano y la Plataforma Impacto de Género Ya (en adelante La Plataforma), de cuyas integrantes han elaborado el informe: la Federación de Agentes de Igualdad, la Comisión de Malos Tratos, Las Tejedoras, Forum de Política Feminista, Mujeres por la Paz, Federación de Mujeres Jóvenes, STES, Confederación de Mujeres Rurales CERES y ACSURAS.
El informe de La Plataforma observa avances incompletos en materia de igualdad
El informe de la Plataforma da la bienvenida de importantes normas en pro de la igualdad de género y contra la violencia sexista en este periodo en España, entre las que cabe destacar la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres. Sin embargo, advierte que la aprobación de dichas normas no ha venido acompañada de políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente, con lo cual persisten importantes trabas que impiden el acceso efectivo a la igualdad de género y a una vida sin violencia para las mujeres.
El informe valora muy positivamente la creación del Ministerio de Igualdad, en abril de 2008, en consonancia con importantes recomendaciones internacionales. No obstante, el presupuesto dotado lo consideramos insuficiente (en 2009 ha sido de 80,96 millones de euros que supone tan solo el 0,02% del gasto no financiero del Estado español).
Además, el informe de La Plataforma alerta sobre las siguientes debilidades de las políticas públicas españolas en materia de igualdad de género:
• La participación de las asociaciones de mujeres en la elaboración y seguimiento de las políticas públicas no es amplia, ni autónoma, al restringirse a órganos designados por el Gobierno. Aún no se ha creado el Consejo de Participación de la Mujer.
• Existen deficiencias en coeducación (150 centros de educación separada por sexos se financian con dinero público) y la educación infantil pública 0 a 3 años sólo cubre el 12%.
• Persisten los mensajes discriminatorios en los medios de comunicación y la publicidad sexista, y no existen controles ni sanciones eficaces.
• La feminización de la pobreza es una realidad que afecta a 1 de cada 3 mujeres mayores de 65 años en España;
• Persiste la división sexual del trabajo y la corresponsabilidad de hombres, Estado y empresas en tareas reproductivas es escasa.
• La segregación y discriminación de las mujeres en el empleo afecta al salario, al tipo de puesto de trabajo, a la modalidad contractual y a las profesiones.
• Las mujeres del medio rural afrontan jornadas laborales de más de 60 horas sin reconocimiento, y persiste discriminación en el acceso a la titularidad de las explotaciones.
• El Gobierno ha incumplido el compromiso de reformar el régimen laboral de empleadas de hogar, anunciado en 2007, lo que implica la desprotección laboral de mujeres migrantes.
• El porcentaje de abortos practicados en la red pública sanitaria es inferior al 3% y se sigue amparando la “objeción de conciencia” del personal sanitario en este ámbito, a pesar de que el propio Comité de la CEDAW considera discriminatorio utilizarla para mermar la aplicación de leyes que reconocen derechos fundamentales de las mujeres.
De las 16 recomendaciones que dirige La Plataforma al Gobierno español, destacan:
• Incorporación obligatoria de Informes de Impacto de Género en la elaboración y aplicación de normas y políticas públicas de igualdad.
• Garantía de recursos presupuestarios suficientes para aplicar planes y medidas de igualdad.
• Cauces de evaluación periódica y participativa de las políticas y medidas de igualdad.
• Prevención y atención a todas las formas de violencia de género, no sólo la cometida por la pareja, a través de medidas que consideren la diversidad de las mujeres y sus necesidades.
• Prioridad absoluta de la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en situación irregular, frente a las políticas de control migratorio.
• Aplicación efectiva de las medidas del Convenio Europeo contra la trata de personas, especialmente en lo relativo a la creación de un mecanismo de identificación de las víctimas.
• Garantías de igualdad en el empleo (en el acceso, tipo de contrato y condiciones). Racionalizar los horarios laborales para conciliar la vida personal y laboral.
• Inclusión de las trabajadoras del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social.
• Diagnóstico participativo de necesidades, dificultades y desventajas de las mujeres del medio rural (acceso a la justicia, participación política, acceso y control del crédito, etc.).
• Medidas eficaces de prevención de embarazos no deseados y de promoción del ejercicio del derecho al aborto en la red sanitaria pública, con todas las garantías.
• Acción integral que visibilice la prostitución como producto de la discriminación de género, desincentive la demanda y garantice la protección de los derechos humanos de las mujeres.
El Informe de la Plataforma se encuentra, como el informe oficial del Gobierno español, en la página web de Naciones Unidas http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/cedaws44.htm
