El Gobierno ha adelantado a agosto el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, para aprobarlos antes de las elecciones legislativas de noviembre o diciembre de 2015, lo que no ayuda a la participación de la sociedad civil. Pese a ello, y precisamente por su incidencia en las elecciones, las organizaciones abajo firmantes no renunciamos a hacer, por 8º año consecutivo, este Manifiesto a la sociedad y a los grupos parlamentarios sobre su Impacto en la desigualdad entre mujeres y hombres.

Son el cierre de una legislatura marcada desde su inicio en noviembre de 2011 por durísimos recortes y reformas, como la laboral, que no han aumentado el empleo –del 4º trimestre de 2011 al 2º trimestre 2015 las personas con empleo han bajado de 18,15 a 17,86 millones- pero sí su precariedad, aumentando la desigualdad social y de género. El recorte presupuestario en igualdad de las mujeres ha sido del 20,9% a lo largo de esta legislatura (2012-16) y del 47,6% respecto a 2009. En 2016 los presupuestos para igualdad y violencia son tan sólo el 0,0103% del total.

El mensaje electoralista del Presupuesto de 2016 es que hay recuperación: un marco macroeconómico de incrementos del PIB (engordado desde 2015 con la prostitución y el tráfico de drogas) en un 3%, del empleo en un 2,8% y del IPC en un 1,1%, y de descenso del déficit público del 4,2 al 2,8% del PIB (2,2% en la Administración Central, 0,6% en la autonómica y 0% en la local), por una previsión de ingresos por impuestos y cotizaciones de nuevo inflada al 6,8%, pese a la reforma tributaria y a que el avance de resultados de la Seguridad Social en 2015 revela que las cotizaciones no han crecido el 6,8% previsto, sino el 0,8%, cifra muy inferior al aumento en un 3,4% de las personas afiliadas, debido a sus bajos salarios.

Aunque sólo se habla de la deuda pública griega, la española ha crecido de 2011 al primer trimestre de 2015 del 63% al 98% del PIB. Y en 2016 más de un cuarto del gasto -155.479 millones- es para intereses (33.554 millones en Capítulo 3) y para activos y pasivos financieros (121.884 millones en Capítulos 8 y 9) lastrados aún por las adquisiciones de bancos en quiebra y operaciones abusivas. Es un 3% menos que en 2015, pero 100 veces más que lo que se gasta en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia (161+1.253=1.414). Por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda.

El presupuesto de Gastos consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) es de 436.372,82 millones de euros, un 1,7% inferior al de 2015, pero debido al descenso de la población supone 9.957 euros por habitante. La previsión de ingresos no financieros es de 287.632 millones, de los que el 88% son por impuestos y cotizaciones sociales.

El Informe Oficial de Impacto de Género que por 8º año acompaña al Proyecto de Presupuestos 2016  http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx

sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios a que se refiere, cuestión esencial del presupuesto, ni por tanto evaluar si suben o bajan y si son suficientes para los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016. Reitera también la omisión del análisis de género de los ingresos, y de la Seguridad Social, cuando las pensiones contributivas y no contributivas vuelven a subir en 2016 el 0,25 %, y las pensiones de viudedad están en el centro del debate, siendo mujeres el 93% de los 2,3 millones de personas que viven de ellas.

Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:

1.- El recorte del 22% en prestaciones por desempleo incrementará la pobreza y la feminización de la pobreza.

El PGE 2016 recorta el 21,7% la dotación para protección por desempleo de las 5.149.000 personas en paro (49,7% mujeres), no porque prevea crear 1,2 millones de puestos de trabajo, sino porque prevé reducir su cobertura por seguro o subsidio de desempleo.

Llueve sobre mojado, porque la tasa de cobertura de las personas paradas registradas en las oficinas de empleo (que son menos que las paradas según la EPA, más representativa) viene bajando desde el 78,4% en 2010 al 58% en 2014, con una importante brecha de género, de la que sólo disponemos de datos del SEPE de 2013 y 2014, en que tuvieron protección el 63,8% de los hombres, frente al 54,2% de las mujeres http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o59208.pdf/

2.- Las políticas de igualdad de las mujeres siguen bajando, pese a las recomendaciones del CEDAW

El Instituto de la Mujer dedicará en 2016 el 39% de su presupuesto (8,5 millones) a la contratación externa de ‘material, suministros y otros’ y el 22% (4,3 millones) a subvenciones, la mayoría a entidades empresariales, de las que el 60% están adjudicadas sin publicidad ni concurrencia:

Sólo hay 2 millones para Atención a víctimas (Plan 2015-2018 contra la trata con fines de explotación sexual)

El 10% de ​​las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica​, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Pero ​sólo ​el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales,​ y sólo un 2​9% la denuncia​ro​n​, y de ellas un 2​1% retiraron luego la denuncia, por lo ​que las políticas públicas ​no pueden limitarse a medidas penales mientras aumentan la desigualdad y recortan las medidas educativas, preventivas y sociales. Según el IIG (Informe Oficial de Impacto de Género, pag. 347), en 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de género, un 1,5% más que en 2013. El 70% presentadas por la víctima al juzgado o la policía, 27% por la policía o personal sanitario y 1,6% por familiares. Un 12% de las mujeres renunciaron al proceso, se concedieron 18.775 órdenes de protección y se dictaron 28.365 sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). Sin embargo, los indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas por el artículo 11 del Convenio de Estambul vigente desde agosto de 2014.

Hay 3,6 millones de euros para teléfonos de localización y atención 24 horas ATENPRO, que en 2014 se dio a 10.502 usuarias en 965 ayuntamientos a través de la FEMP y Cruz Roja y x para pulseras y Seguimiento telemático de las Órdenes de alejamiento, a 716 parejas (1.192 personas) en 2014.

La insuficiencia de los 1,7 millones para las Ayudas del artículo 27 de la Ley O. 1/2004 de violencia (subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único), gestionadas por las CCAA, se percibe en que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) la percibieron en 2014 y el dato de sólo 900 contratos (0,7% de las denunciantes) con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en 125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal- a quienes empleen a víctimas de violencia de género.

El Gobierno destaca en el Libro Amarillo de los Presupuestos el gasto de 1,5 millones de euros en Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y en el Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica, como mejoras del Estatuto de la Víctima, y el incremento del 54,6% de la asistencia psicológica a las víctimas a través de los Colegios de Psicólogos.

Las campañas de sensibilización promovidas por la Delegación del Gobierno contra la VG siguen orientadas a que la víctima denuncie, limitándose a un procedimiento penal en el que la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW ha pedido, sin éxito, se combatan los estereotipos de género que desempoderan y disuaden a las víctimas.

El Presupuesto no responde a esa Comunicación, ni a las Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ni al art. 14 del Convenio de Estambul: sigue sin haber voluntad política ni recursos para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la igualdad de mujeres y hombres en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la Ciudadanía, la actual LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres.

La cooperación con las organizaciones de mujeres (art. 9 del Convenio de Estambul) no se cumple por la falta de actividad, apertura y transparencia del Observatorio de Violencia y del Foro contra la Trata.

Sobre el punto candente de los recortes en Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, como dice la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW sobre Ángela González Carreño, reiterada en los puntos 10 y 11 del Informe de 24 de junio 2015 de Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 y el artículo 31 del Convenio de Estambul sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan ‘a las familias en su diversidad’, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia, que impregna el II Plan Estratégico Nacional de infancia y Adolescencia 2013-2016 y del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017:

4.- La 5ª suspensión de la ampliación del Permiso de Paternidad: una legislatura perdida

El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado 2016 pospone por quinto año  consecutivo, dice que al 1 de enero de 2017, la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogida de la Ley 9/2009, manteniéndolo en las dos semanas establecidas por la Ley de Igualdad de 2007, frenando la corresponsabilidad de los padres, madres, Estado y empresas en el cuidado de la infancia.

En el año 2014 236.714 padres trabajadores disfrutaron de permisos retribuidos por la Seguridad Social con 202,3 millones de euros, el 2,06% de la partida de subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones de la seguridad social que recogen los PGE 2014 en el programa 221M incrementado en 2016 en un 5% para prestaciones por maternidad y paternidad.

Esta suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, junto a la falta de dotación de recursos en educación infantil de 0-3 años repercute en que en 2014 se tramitaran 31.435 excedencias por cuidado de hijos, de las cuales el 94% fueron tomadas por mujeres, porcentaje que prácticamente se mantiene (92%) en lo que va de 2015, lo que refleja la desigualdad en el cuidado de los menores, que a su vez conlleva la precariedad de las mujeres en el mercado laboral con empleos a tiempo parcial, reducción de jornada o a excedencias para poder compaginar la vida familiar y laboral que incrementan de la brecha salarial actual y la brecha en las pensiones futuras.

En el debate presupuestario, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr Beteta, ha anunciado que a las funcionarias del Estado se les sumará a partir de 2016 un permiso retribuido de la semana 37 a la 40 de gestación. Proponemos que el coste de esas 4 semanas se aplique a la ampliación general del permiso de paternidad, por ser una medida que contribuye más a la igualdad entre todas las trabajadoras y entre madres y padres.

5.- La Atención a la Dependencia sube un 6,4% para atender a un 55% más de personas, con un promedio de 3 euros al día por persona, contradiciendo el 5º ODS.

La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) será de 1.252 millones de euros, un aumento del 6,4% que no alcanza para la atención a los 746.142 personas beneficiarias en junio 2015 más las 411.235 dependientes moderadas incorporadas al SAD en julio de 2015, tras tres años y medio de suspensión de su derecho, como señalan la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia y el Observatorio Estatal para la Dependencia, y carece de presupuesto por objetivos.

A la baja cobertura (hay 1.577.207 solicitantes de los que sólo el 47,3% tiene ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente personal o paguita a su cuidadora familiar) se suma un descenso dramático de la suficiencia de financiación: si en 2015 era de 136 euros por persona y mes, en 2016 bajará a 90,21 €/mes. ¿Qué ayuda profesionalizada para funciones de la vida diaria cabe en 3 euros al día?

El SAD es otra Cenicienta de la legislatura. Teniendo las personas en situación de dependencia un derecho subjetivo universal a la atención, según la ley, las personas beneficiarias sólo han aumentado el 0,6%, de 741.713 en diciembre 2011 a 746.142 en junio 2015, con lo que el cuidado recae en mujeres del ámbito familiar: cuidadoras familiares con una cada vez más exigua paguita, empleadas de hogar en condiciones precarias o hijas u otras familiares mediante trabajo no pagado. Según la Memoria económica de la Ley de 2006 la financiación pública entre el Estado y las CCAA en 2015 debería ser de 6.203 millones, alcanzando el 3% del PIB. El Presupuesto del Estado para 2016 es sólo el 40% de lo comprometido entonces, y las CC. Autónomas cubren de forma desigual y escasa su cuota.

El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que aprobará la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y su 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción de Beijing –reconocer,  valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”.

También el punto 29,b) de las citadas Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan ‘Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes’ pero ni el Presupuesto ni el Informe Oficial de Impacto de Género lo asumen, pese a ser mujeres el 67% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras.

6.- Educación: la LOMCE apuesta por la segregada, pero no por la infantil, la sexual, ni la compensatoria de desigualdades.

Aunque el grueso de la educación pública se financia por el opaco sistema de transferencias de competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2016 es de 2.483,96 millones de euros, un 9,3% más que en 2015. El 57% es para becas, que tienen una leve subida del 0,2%. Las Enseñanzas Artísticas (3,37 millones) bajan el 29,6% y la Educación compensatoria de las desventajas socioeducativas (5,11 millones) sigue bajando, este año el 2,6%.

La Educación Infantil y Primaria programa 322ª supone el 6,5% (161,57 millones) un 1,7% más que en 2015. Pero ni con mucho recupera el nivel de 2010, pese a que sólo el 33,7% de los 1.305.159 niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados en el 1er ciclo de Educación Infantil pública y privada en el curso 2014-2015. El descenso anual del alumnado del 0,7% se atribuye por el Ministerio de Educación al descenso de la natalidad, como si la carestía de servicios accesibles a la infancia no fuera una de las causas. Las transferencias a CC Autónomas para Actuaciones en el primer ciclo de educación infantil (Prg.322A, partida 450) son ridículas: 1,2 millones.

Pedimos corregir la falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres de la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”, en programas transversales y específicos; que la educación segregada por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluyan la educación para la igualdad de género y la educación afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:

a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres en opciones académicas y profesionales;

b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la promoción de la igualdad de género en los planes de estudio;

c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por personal capacitado e integrada en los programas escolares regulares, sobre comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual;

d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su educación básica y superior con acciones positivas como becas y libros de texto gratuitos.

7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto sin discriminación de edad

El debate presupuestario coincide con la reacción del Estado Central contra las Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Madrid, que, al cambiar su gobierno en las elecciones de mayo 2015, se han sumado a Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias en la aplicación de la sanidad universal frente al Real Decreto Ley 12/2012 que excluyó a los inmigrantes sin permiso de residencia y a las personas de nacionalidad española mayores de 25 años sin cotizaciones previas, la mayoría mujeres.  La sanidad universal y de calidad es imprescindible para la igualdad social y de género, y también su carácter público, porque las mujeres somos un blanco específico de la pseudosanidad privada, que ve en cesáreas, tratamientos de la menopausia y demás intervenciones innecesarias un importante nicho de negocio.

La financiación de la sanidad pública no depende principalmente del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino de las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público. Las transferencias que reciben del Estado no desglosan materias, y se integran en los programas 941 y 942 que suman 35.302 millones.

Exigimos la aplicación del punto 31 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW:

a) Restaurar el acceso universal a servicios de salud, incluida la derogación del Real Decreto-Ley 12/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las mujeres, independientemente de su situación migratoria;

b) Asegurar que no se adopta la proposición de Ley del PP restringiendo el derecho al aborto de las jóvenes entre 16 y 18 años

c) Asegurar la prestación de un tratamiento adecuado a todas las mujeres con VIH/SIDA.

9.- La cooperación al desarrollo se mantiene estancada en niveles de principios de los años 90.

Las asignaciones presupuestarias en Ayuda Oficial al Desarrollo  para 2015 se mantienen estancadas en el 0.17% del PIB, situando a España en los mismos niveles de AOD que a principios de los años 90 (cuando España era aún un donante incipiente) y a la cola de los países de la UE-15.

Al recorte del 60% acumulado en los años anteriores, por el programa de Cooperación al Desarrollo, se suma una nueva reducción del 0,27% en el presupuesto del 2016, mientras que el presupuesto del Ministerio se incrementa en un 4,33%, lo que muestra como esta sigue siendo una de las políticas más maltratadas durante la crisis.

 Fuente: Proyecto de PGE 2016

El informe Oficial de Impacto de Género, señala las medidas previstas para promover la igualdad de género en el conjunto de programas presupuestarios, lo que supone una mejora importante respecto a la elaboración de informes previos. Sin embargo, siguen sin identificarse los recursos presupuestarios asignados a las mismas, lo que impide conocer la magnitud y el alcance de las mismas y su evolución a lo largo de los años.

Agosto de 2015

1. Plataforma Impacto de Género Ya
2. Fórum de Política Feminista
3. Otro Tiempo / Feminicidio.net
4. ADAVAS (Asoc. Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica) León
5. ADIBS Associació de Dones de les Illes Balears per a la Salut
6. AMUINCA Asociación de Mujeres Inmigrantes en Castellón
7. Asamblea Feminista de Madrid 
8. Asociación de Mujeres Feminista Puntos Subversivos
9. Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT)
10. Asociación de Mujeres para la Salud
11. Asociación de Mujeres Politólogas
12. Asociación de mujeres progresistas Sara Suarez Solís (Gijón)
13. Colectivo Feminista Las Tejedoras
14. COMFIN, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra
15. Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres
16. Federación Mujeres Jóvenes
17. Fundación para la Convivencia ASPACIA
18. Grupo de Mujeres de A. Vecinos Zarzaquemada (Leganés)
19. Haurralde Fundazioa
20. Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda Madrid
21. Plataforma Cordobesa Contra la Violencia a las Mujeres
22. Red de Mujeres América Latina y el Caribe en España

El Manifiesto con las firmas recibidas en impactodegeneroya@gmail.com hasta ese momento lo entregaremos a todos los Grupos Parlamentarios el jueves 27 de agosto 2015 antes de las 8 de la mañana, con la petición de que lo recojan en sus enmiendas (el plazo de presentación de enmiendas termina ese día a las 14 h).

Seguiremos recogiendo firmas, que haremos públicas a mediados de septiembre en un Acto público, a ser posible en el Congreso de Diputados.

El informe de impacto de género de los presupuestos Generales del Estado 2016 se puede consultar en este enlace

Las grandes cifras del Presupuesto 2015 están condicionadas por el lastre de la deuda pública y maquilladas por artificios como la elevación del PIB por incluir la prostitución y la presunción de que habrá un aumento del empleo y del consumo, que a su vez producirán un aumento de los ingresos públicos pese a la reforma tributaria: es un año de elecciones municipales, a 13 Comunidades Autónomas y legislativas.

La prostitución y el tráfico de drogas ‘elevan’ un 0,85% el Producto Interior Bruto de España, más de 9.000 millones de euros, y sumadas a otras “mejoras estadísticas” aumentan artificiosamente el 3,3% el PIB de la zona euro y de España, maquillando su estancamiento. Denunciamos que los gobernantes incumplan la medida 206 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995 y no contabilicen bienes y servicios de cuidados de la infancia y personas dependientes que son necesarios y producidos mayoritariamente por mujeres mediante trabajo doméstico no pagado, y sin embargo se suban sobre actividades ilícitas para ‘crecer’.

Lo que crece de verdad es la deuda pública. En 2015 se prevé pagar 160.231 millones por la suma de 35.560 millones de intereses (Capítulo 3) y 124.571 millones de activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9). Es un 9,9% más que en 2014, sufriendo las adquisiciones de bancos en quiebra, préstamos y avales privados, y superó en junio 2014 el billón de euros, por lo que seguirá ahogando el gasto público social y de creación de empleo, por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda.

La reforma tributaria que debate ahora el Senado no aborda el fraude fiscal, mantiene en el IRPF la tributación conjunta de cónyuges que desincentiva el empleo de las mujeres, establece deducciones y desgravaciones de casi el 20%, que distorsionan que cada persona contribuya según su capacidad y que sean las políticas de gasto social las que atribuyan a cada persona según sus necesidades, y reduce la progresividad, al integrar los cinco tramos de ingresos superiores a 35.000 €/año con gravamen gradual del 40% para los de más de 33.000 al 52% para los de más de 300.000, en dos tramos, gravando con el 39% los ingresos superiores a 35.200 y el 47% los superiores a 60.000. En el 2º gran impuesto, el IVA, se mantienen los tipos (general del 21% y reducido del 10%), y el presupuesto incluye una previsión de aumento de la recaudación del 9,9% ‘por aumento del consumo’. En el tercer gran impuesto, sociedades, que grava los beneficios empresariales, el gravamen baja del 30% al 28%. En conjunto, baja la progresividad y por tanto la justicia social y de género, y es dudoso que las rebajas permitan financiar el gasto social.

Además, manifestamos nuestra especial pre-ocupación sobre los siguientes puntos:

1.- Mínima recuperación del empleo femenino, precarización y desprotección del desempleo.

La Encuesta de Población Activa (EPA) registra que 172.800 mujeres han abandonado la búsqueda de empleo (población activa) desde 2013, quebrando la resistencia anterior al desánimo, pese a tener una tasa de paro superior a la masculina. Influye el sector público, que, lejos de dinamizar el empleo, emplea a 17.700 personas menos en el último año. De los 273.900 empleos recuperados en el último año, sólo 1 de cada 5 han sido para mujeres, discriminación que se acentúa en el III trimestre de 2104, en que se han generado 164.900 empleos de hombres y destruido 13.900 empleos de mujeres. A ese ritmo, la recuperación del volumen de empleo de 2008 exigiría 10,9 años para los hombres y 13,4 años para las mujeres:

Además, el empleo de las mujeres es más precario: somos el 72,9% de las 2.624.400 personas empleadas a tiempo parcial, cuyo salario por hora es un 33% inferior al de tiempo completo, contribuyendo a que la remuneración media anual sea de 25.682 € para los hombres y 19.537 euros para las mujeres (INE Encuesta de Estructura Salarial 2012). Esto, unido a que regímenes muy feminizados como el de empleo de hogar excluyen este derecho, hace que las prestaciones por desempleo cubran sólo al 42,4% de los 2,6 millones de paradas y al 45,8% de los 2,8 millones de parados, y que la prestación contributiva media sea de 871 €/mes para los hombres y 706 € para las mujeres, por lo que es necesario no recortar la protección, sino añadirle una Renta mínima garantizada individual para las personas sin ingresos.

Mientras, los Presupuestos 2015 recortan un 14,9% las prestaciones por desempleo, (de 29.727 a 25.300 millones) pese a que la recuperación del empleo ha sido sólo del 8,8%, lo que puede empujar a la pobreza y la exclusión social a 350.000 paradas y parados.

La partida de Fomento de la inserción laboral crece un 17%, 4.712 millones destinados a bonificaciones en la contratación, formación, mejora de la empleabilidad, entre ellas las indicadas en el Informe Oficial de Impacto de Género (IIG), pero llama la atención que, siendo más de 124.893 las mujeres que cada año denuncian violencia de género, sólo 674, el 0,5%, hayan tenido un contrato bonificado. 

2.- Políticas de igualdad de las mujeres: subida para el Instituto que gestionará el 2% del Plan de Igualdad y el 0,005% del Presupuesto, y deberá suplir el recorte de los ayuntamientos.

El programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” se dota con 20,82 millones de euros, una subida del 9,2% respecto a 2014, que sólo alcanza el 55% respecto a 2009, pese a recibir un 20% de su financiación de la Unión Europea y 15% de los Fondos Noruegos. Con ellos el Instituto de la Mujer (al que la Ley 15/2014, de 16 de septiembre denomina ‘Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades’ y añade las políticas contra la discriminación racial o étnica) gestionará el 1,98% de los 3.127 millones de euros que según el Consejo de Ministros del 07.03.2014 se destinarán al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y el 0,005% del Presupuesto del Estado.

El Instituto de la Mujer divide su presupuesto a tercios entre gastos de personal, contratación de bienes y servicios y subvenciones. Estas cuentan con 6,3 millones, de los que destina dos terceras partes al empresariado, en gran medida a través de las Cámaras de Comercio y la CEOE, una guinda a lo que reciben vía Ministerio de Empleo; 6,3% a convenios con Cruz Roja, Secretariado Gitano, CEPAIM y FEUP; 24% a asociaciones de mujeres y todo lo demás. Destaca la ínfima cooperación con CC. Autónomas, dotada solo con 75.000 euros. Y choca el 3,2%, 200 millones financiados por Noruega, destinados a actuaciones municipales de igualdad de género[1], contradiciendo la eliminación por la Ley 27/2013 del Estado de la competencia municipal en promoción de la igualdad de las mujeres, antes artículo 28 de la Ley de Régimen Local.

3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 8,6%, insuficiente para suplir la extinguida financiación municipal de los puntos de atención a la violencia de género.

El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 23,7 millones de euros (otro 0,005% del Presupuesto). Sube un 8,6% respecto a 2014, pero sólo alcanza el 77% de lo que tenía en 2009.

Lo gestiona la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que gasta un 13% en personal y gasto corriente, 37,5% en inversión (8,9 millones) y 49% en subvenciones (11,7 millones). De ellos, 7,6 millones contribuyen minoritariamente a sostener los puntos de prevención y atención jurídica, social y psicológica a las víctimas establecidos por el artículo 19 de la Ley integral contra la violencia de 2004, teleasistencia y servicio de Atención y Protección (ATENPRO) mediante convenios con Comunidades Autónomas y ayuntamientos[2], pero la Ley 27/2013 en los puntos 3.c) y 6 del artículo 27 sólo permite a los ayuntamientos la ‘Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer’ por delegación autonómica o estatal ‘acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación’.

No hay previsiones para la aplicación del Convenio de Estambul vigente desde agosto 2014, y la implementación del 2º Plan contra la trata con fines de explotación sexual solo cuenta con 2 millones de €.

Consideramos que el conservadurismo en los objetivos del programa no se adecúa a la necesidad social de reactivar la lucha contra la violencia: 

4.- El Estado atenderá al nivel mínimo a 723.471 personas en situación de dependencia, el 45% de los 1.613.570 solicitantes, con un promedio de 136 euros por persona y mes.

La aportación del Estado para el sistema de Atención a la Dependencia será de 1.177 millones de euros para la cobertura del nivel mínimo -la Disposición adicional 51 de la Ley de Presupuestos 2015 mantiene suspendido el complemento para nivel acordado con las CCAA- y 5 millones al fondo SEPIDES para infraestructuras privadas, lo que supone un incremento del 0,38%, que no compensa la reducción sistemática desde el RD-Ley 20/2012 de la intensidad de los servicios, la supresión de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, el incremento del copago y la suspensión de la atención a personas con dependencia moderada, que empeora la calidad de vida de las personas dependientes y carga su atención sobre las mujeres de la familia.

En España hay más de 1.200.000 personas dictaminadas como dependientes. Según datos del IMSERSO a 31 de agosto 2014, a 898.179 de ellas se les ha reconocido ya el derecho a atención, pero sólo la reciben el 80,3%. Es decir, 176.667 personas y sus hijas, esposas o madres cuidadoras están ‘en el limbo de la dependencia’, excluidas de la cobertura universal establecida por la Ley. A ellas se suman más de 100.000 solicitantes sin dictaminar y 314.000 personas con dependencia moderada Grado I ya dictaminada esperando acceder a la atención el 1 de julio de 2015, según el calendario demorado dos veces por el Gobierno. Además, pese a estar contemplada en la Ley como excepcional, la prestación mayoritaria sigue siendo la paguita por cuidados familiares, (42,3%), frente al 14,1% de atención residencial, 12,8% con ayuda a domicilio, 12,7% con teleasistencia y 7,8% en centros de día.

Pese a ser mujeres el 66% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras, el Informe Oficial de Impacto de Género, como en años anteriores, no analiza el programa presupuestario 231I ni su impacto en el reparto del cuidado.

5.- La aportación del Estado a los servicios sociales municipales será de 7 euros por persona atendida 

El número de personas empobrecidas o en riesgo de exclusión social sigue aumentando como consecuencia del desempleo, el descenso de salarios y recorte de prestaciones sociales. En la actualidad más de 8 millones de personas son atendidas por los servicios sociales de base en sus ayuntamientos, que a partir de la Ley 27/2013 dejan de ser de proximidad y pasan a las CC. Autónomas, excepto información y alguna prestación económica de emergencia. En ese contexto, el presupuesto del Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos sufre un nuevo recorte y se dota con 27,4 millones de euros (27,6% de su dotación en 2009). Posteriormente la  Secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales anunció en el Congreso que transferirán 32 millones de euros más a los ayuntamientos para un nuevo programa de apoyo a las familias y la infancia, 59,4 millones que supondrían 7 euros/año por persona atendida. Así, se abandona a su suerte a las personas más afectadas por la crisis, entre las cuales se encuentran numerosas mujeres solas o con hijos a cargo, y se sustituye el modelo social por el de caridad y beneficencia que creíamos superado.   

Siguen aumentando las solicitudes de rentas mínimas de inserción para personas sin recursos (el 61% de los beneficiarios de estas rentas en 2012 eran mujeres), a pesar de que su cuantía media, que varía según la regulación de cada comunidad, no alcanza para vivir.  

6.- Se consolida una Sanidad Pública menos pública, universal y gratuita, y de menor calidad

El presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad crece por primera vez desde 2011, un 2,2%. Pero su gasto en sanidad sufre un nuevo recorte, que se suma al de años anteriores, situándose en el 56% del de 2011, principalmente por el recorte en 20,3 millones de euros del Fondo de Cohesión Sanitaria.

El importe previsto de las transferencias a las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público, aumenta el 7,8% respecto a 2014: 22.772 millones de euros, de los que 17.514 millones son para el sistema de financiación común y los fondos de compensación interterritorial.

Pese a este pequeño aumento de las transferencias previstas, la actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017 contempla un recorte en gasto sanitario autonómico de 1.700 millones en 2015 y 1.400 millones en 2016, en gasto farmacéutico y en conciertos, subvenciones y transferencias de prestación de servicios y suministros, añadidos a los cerca de 15.000 millones producidos desde 2009, que han bajado la cobertura y la calidad del sistema público, con privatizaciones, reducción de plantillas (53.000 trabajadores menos que en 2009), reducción de camas, aumento de listas de espera, recortes y copagos en medicamentos y prótesis y exclusión de la asistencia sanitaria de los inmigrantes mayores de 18 años sin permiso de residencia.

7.- Educación: las apuestas de la LOMCE incluyen la segregada, pero no la infantil ni la compensatoria

El Presupuesto para 2015 tiene un leve incremento (del 5%) en activos financieros, es decir, préstamos a las CCAA para implantar la FP Básica, la medida estrella de la LOMCE, que no ha conseguido ni siquiera el número de alumnos de los PCPI (módulos obligatorios) a los que sustituía.

Sigue la muy fuerte reducción de los fondos del Programa de Compensatoria, que se pasan a financiar la FP Básica, con la consiguiente pérdida de equidad.

En un escenario que se tilda de recuperación económica y de fomento de la natalidad, las partidas para la escolarización infantil de 0 a 3 años en el programa 322A del Presupuesto 2015 suponen un recorte del 75% respecto del de 2010, especialmente por la supresión de los fondos a las CCAA para incrementar su tasa de escolarización en esa etapa. El curso 2014-2015 es el segundo consecutivo en que el alumnado de educación infantil de 0 a 3 años baja, pese a que sólo el 36% de las niñas y niños de 0 a 3 años están escolarizados.

Mantiene el endurecimiento de las condiciones laborales del profesorado, mayoritariamente femenino, dificultando conciliación de la vida laboral y familiar

Apoya a los centros concertados contarios a la coeducación, financiándolos con fondos públicos, con el respaldo de la LOMCE,

No afrontan con medidas efectivas la discriminación contra las alumnas en las etapas o niveles educativos:

• En las FP de Grado Superior, 14 de las 23 familias profesionales tienen menos del 50% de alumnado femenino, lo que se acentúa en las familias de mayor prestigio social.
• En la modalidad de Ciencias y Tecnología del Bachillerato, las alumnas sólo suponen el 45,6%, frente al 57,8% que suponen en la Modalidad de Humanidades y CC Sociales, siendo, en el conjunto del Bachillerato mayoritarias. Este sesgo el algo mayor en los centros privados, constituyendo la base del menor acceso a Ingenierías y carreras técnicas de la Universidad. Las chicas siguen siendo mayoritarias en las opciones que apuntan a carreras o ciclos de FP de Grado Superior biosanitarios o de ciencias de la salud; y son claramente minoritarias en las opciones que apuntan a las carreras o ciclos más técnicos.

El extenso capítulo del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el Informe Oficial de Impacto de Género (100 páginas) no analiza el programa 322 A Educación infantil y primaria, y en el programa de Becas (777.394 estudiantes con beca media de 1.811 €/año en el curso 2013-2014) dice genéricamente que en las universitarias la distribución por sexos ‘es similar’ a la matriculación y ‘similar’ a la de cursos anteriores.

8.- ¿No hay diferencias por sexos en el sistema de pensiones?

El IIG no contempla el programa de pensiones contributivas 211 M y el programa 212M de pensiones no contributivas (70% de mujeres). ¿Cómo se puede ignorar el impacto de género de esta medida con estas cifras?

9.- La cooperación al desarrollo no recupera suficientes recursos para beber los réditos del pasado

Las asignaciones presupuestarias para 2015, pese a incrementarse un 5%,  (22,45 millones de €) ni siquiera compensa los 26 millones de reducción sufrida en el presupuesto de 2014 y mucho menos el recorte del 60% acumulado en los años anteriores en una de las políticas más maltratadas durante la crisis:

En lo que respecta al Informe Oficial de Impacto de Género, consideramos positivo que, a diferencia del año pasado, analice el conjunto de los programas (Incluyendo el programa 142A Acción del Estado en el Exterior, que es más de la mitad del presupuesto del Ministerio). Pasa a tener 27 páginas (el año pasado eran 11), en todos los programas incluye un apartado específico de "Análisis de Impacto de Género" que antes no había, e identifica propuestas de actuaciones para obtener un impacto positivo en la igualdad de género. No obstante, dentro del programa de cooperación continua identificando entre las principales acciones de igualdad de género de la AECID proyectos como el de “Fortalecimiento de la Igualdad de Género en la Región Andina”, y el “programa de presupuestos sensibles al género” desarrollado por ONU-MUJERES en América Latina, a los que no se han destinado recursos desde el presupuesto 2012, llegando a señalar incluso que "España se ha convertido en un donante clave en la región (América Latina) en lo que se refiere al fomento de la equidad de género"

El presupuesto del Estado para 2013 asciende a 235.904,43 millones de euros, un 9,9% superior al de 2012, por el incremento de los intereses de la deuda, y el de la Seguridad Social a 128.236, el 95% para pensiones, y en 2013 crecerá un 5,2% por el envejecimiento de la población y por la subida de las pensiones en un 1%, sin establecer la actualización según el IPC.

1.- Las políticas de igualdad se recortan en un 24% respecto a 2012, casi el triple de la media de los ministerios (8,9%), y la lucha contra la violencia de género el 7%, sin contar el IPC del 3,4%. Si se compara con 2011, el recorte es del 39 y 27%. Son el 0,017% de los PGE.

2.- Reiteramos que no sólo pedimos políticas específicas de igualdad, sino que las políticas generales no discriminen a las mujeres, por acción o por omisión. A ello debería contribuir el Informe de Impacto de Género (IIG) que por 5º año acompaña al Proyecto de Presupuestos, pero que en sus 420 páginas incumple el mandato del CEDAW y de los 5 objetivos de ONU Mujeres, porque:

1. No se refiere ni una sola vez a las cifras, el contenido propio de los Presupuestos: la expresión cifrada, en euros, de los ingresos que el Estado prevé realizar y la limitación de gasto, en euros, en cada uno de sus programas.
2. No se refiere a la Seguridad Social, que supone el 40,1% del gasto no financiero del Estado, de cuyas pensiones –inferiores para las mujeres- viven 8 millones de pensionistas.
3. No compara las situaciones sociales y presupuestarias de partida (2012) con las concretamente previstas para 2013.
4. Afirma mecánicamente que el Presupuesto de Estado 2013, pese a los recortes en igualdad y en gasto social, tendrá un impacto “positivo” en la reducción de las desigualdades de género.
5. No selecciona los programas con mayor incidencia en la situación social de las mujeres, y omite datos básicos de situación y objetivos, aunque por 1ª vez menciona los del Plan de Igualdad 2008-2011.
6. Carece de resumen ejecutivo, para aumentar su incidencia real.

3.- El pago de la deuda se ’come’ una cuarta parte del gasto. La deuda pública española actual - 70% del PIB en 2012, 90% del PIB en 2013- es ilegítima, porque, como señala la Plataforma por la Auditoria Ciudadana de la Deuda, al igual que en países de América Latina, África o Asia:

• ha sido inducida por los poderes financieros.
• asume como “públicos” 215.000 millones de euros, más 100.000 millones del fondo de rescate de la Unión Europea, para salvar a la banca.
• sus intereses ascenderán en 2013 a casi 40.000 millones de euros, a pagar a bancos extranjeros y españoles, porque el Banco Central Europeo, en vez de comprarla directamente, presta a los bancos dinero al 1% y ellos lo prestan al Estado al 6% o 7%. 

Los recortes en políticas sociales afectan al empleo femenino (base de la autonomía personal) y presionan para que seamos las mujeres las responsables del cuidado de menores y personas dependientes o enfermas. Se impone así una doble o triple jornada que impide la participación en el espacio público en condiciones de igualdad.

4.- El Estado impone a las hijas y familiares que compensen el desmantelamiento de la Ley de Atención a la Dependencia. Pese a que la exposición de motivos de la ley de 2006 reconoce la insostenibilidad del sistema de cuidados familiares, los recortes de diciembre, marzo y julio de 2012 continuarán en 2013, año en que el Ministerio tendrá que pagar 1.034 millones de cuotas a la Seguridad Social de cuidadoras familiares de años anteriores, que desde julio no tienen cobertura de Seguridad Social, y que constituyen el 45% de las prestaciones del SAAD, con paguitas de alrededor de 360 € al mes, perpetuando la feminización de los cuidados.

La Cobertura de la protección por dependencia, en vez de avanzar hacia la universalidad, ha perdido 9.487 beneficiarios de agosto a octubre 2012. La partida de prestaciones gestionada por las comunidades autónomas baja un 15%, 200 millones, y se queda en 1.087 millones, pese a que solo para atender a las 771.000 personas que hay actualmente en el sistema se necesitarían 300 millones más.

El Plan Concertado de Servicios Sociales con CCAA y Ayuntamientos tendrá un 40% menos, pasando de 50 a 30 millones de euros, con la consiguiente reducción de servicios de ayudas a domicilio y de emergencia social para las personas sin empleo ni protección social.

En conjunto, los recortes en materia de servicios sociales alcanzan el 14,4%, que sumados a los del ejercicio anterior, resultan en una importante disminución de los servicios.

5.- Sanidad Pública: ni universal, ni gratuita, ni de calidad. Tendrá un recorte del 22,6% respecto a 2012. A las medidas ya decretadas (exclusión de los inmigrantes sin permiso de residencia, repago farmacéutico incluso para pensionistas y repago en prótesis y transporte sanitario no urgente) y a su incidencia en el aumento de las listas de espera, se suma un mayor recorte de la cartera de servicios, en particular en derechos sexuales y reproductivos y aborto. Varias Comunidades han eliminado la detección sanitaria de la violencia de género. El Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio ha despedido a todo su personal contratado por lo que las estrategias de salud y género no podrán desarrollarse, y el recorte de sus transferencias a CCAA supondrá una pérdida de atención general y un parón en el programa de atención a la Violencia de Género y al Plan Nacional del Sida.

6.- El paro sube un 16%, las prestaciones por paro bajan un 6,3%. El Estado destruye más empleo que el mercado. Se asignan 26.696 millones, un 6,3% menos que en 2012, a prestaciones y subsidios, a pesar de que días después de la presentación del presupuesto, la EPA del 3 trimestre 2012 muestra un aumento anual del 16% en el desempleo, que ha alcanzado a 5.778.100 personas (2.674.700 mujeres), el 25,02% de la población activa. Ese trimestre ha sido muy superior el aumento del paro femenino (68.700 paradas mas) respecto al masculino (28.200 parados más), ligado a la destrucción de 49.500 empleos en el sector público y 47.600 en el privado. Los recortes de servicios públicos y de protección social, junto a la reforma laboral, despiden cada día a 1.000 personas. Además, cada vez que el Estado recorta servicios –educativos, sanitarios, sociales- de cuidado de las personas, cientos de miles de mujeres ven incrementada su carga de cuidados en las familias.

7.- Pedimos Educación pública: de tod@s para tod@s. El gasto educativo del Estado central se ha reducido casi en un tercio en los dos últimos años (31%), pasando de 2.843 millones de euros en 2011 a 2.219 en 2012 y a 1.944 en 2013. El mayor recorte se da en educación compensatoria, destinada a los alumnos con dificultades: baja 116,5 millones, es decir, un 68%, hasta quedarse en 53 millones.

Esta reducción baja la calidad de la educación pública y su contribución a la igualdad social y de género. La sustitución de comedores escolares por tarteras familiares, el recorte del transporte escolar, cierre de colegios rurales, aumentan directamente el trabajo doméstico, como también indirectamente inciden el aumento de las tasas, especialmente en la etapa de 0 a 3 años, así como en la formación profesional y la universidad.

8.- La cooperación al desarrollo tendrá un 23,4% menos de dotación. El Ministerio de Asuntos Exteriores bajará de 683 a 523,37 millones de euros su cooperación para el desarrollo, tras recortar el 46,7% en 2011. La AECID ha tenido un recorte acumulado del 70% desde 2011, mientras Defensa ha aumentado un 175% en 2013, de manera que la Ayuda Oficial al Desarrollo cae al 0,2% del PIB, alejándose del compromiso mundial del 0,7%, y de ella el 19 % es para FONPRODE, destinado al comercio, no a la igualdad social y de género, y se ha eliminado la Dirección General de Políticas de Género.

9.- Otros aspectos presupuestarios de gran impacto de género son:

La indefinición sobre la actualización de las pensiones al IPC, y respecto a la Pensión de viudedad, la suspensión del incremento del 52 % al 60 % de la base reguladora de la D.A. 30 de la Ley 27/2011.

La congelación del salario mínimo en 532,51 € mensuales.

La suspensión, un año más, de la ampliación a 4 semanas del Permiso de Paternidad.

La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, insta al Gobierno español a realizar una completa rendición de cuentas sobre sus políticas públicas en cuestiones como el impacto de género de las medidas anti-crisis económica, la discriminación laboral y educativa de mujeres y niñas, la violencia de género, la trata de mujeres y las discriminaciones múltiples que sufren determinados sectores de mujeres. 

Madrid.- El próximo marzo de 2010, Naciones Unidas recogerá información de los gobiernos sobre los doce objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing 1995, y de cómo la crisis mundial afecta a la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres. El Gobierno español deberá entonces rendir cuentas como Estado, y como representante de la Europa comunitaria al ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el primer semestre de 2010.

La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, reconoce la importancia del impacto de la crisis económica actual sobre el acceso efectivo de las mujeres a los derechos económicos y sociales, así como sobre la financiación de medidas eficaces contra graves abusos de los derechos humanos, como la violencia de género. Por ello, llama la atención sobre el hecho de que cualquier propuesta de recuperación frente a la crisis debe tener en cuenta las profundas desigualdades entre mujeres y hombres. Así pues, presentamos las siguientes recomendaciones dirigidas a las y los responsables de la toma de decisiones a escala nacional, europea e internacional:

1.- Acompañar de políticas públicas eficaces y bien dotadas económicamente la aprobación de las normas en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. Al mismo tiempo, recordamos al Estado español que tiene pendiente desarrollar todas las recomendaciones del Comité de la CEDAW, vinculantes para todos los poderes públicos, derivadas de su VI Informe sobre España (agosto de 2009). 

2.- Garantizar la coordinación de los mecanismos, estructuras y recursos en la aplicación de las políticas en materia de igualdad a todos los niveles, incluyendo la ayuda oficial al desarrollo.

3.- Incorporar los Informes de Impacto de Género en la elaboración y aplicación de cualquier norma, plan y política, incluidos los planes de recuperación económica. Se insta al Gobierno español a realizar y mejorar estos informes, con la inclusión sistemática de información numérica sobre ingresos y gastos.

4.- Los paquetes para la recuperación económica, deberán dar prioridad a la creación y/o retención de empleo para las mujeres, así como garantizar una respuesta coherente a la dimensión de género en las políticas económicas, laborales y sociales.

5.- Aplicar un enfoque coordinado y multisectorial para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres, no solo la cometida por la pareja o expareja, a través de medidas de prevención, detección, atención, protección y acceso a la justicia y a la reparación, que consideren la diversidad de las mujeres y sus necesidades.

6.- Garantizar la seguridad humana y la participación de las mujeres en todas las iniciativas encaminadas al mantenimiento y fomento de la paz, incluyendo las decisiones sobre el desarme universal.

7.- Aplicar medidas eficaces para la prevención de embarazos no deseados y de promoción del ejercicio pleno del derecho al aborto en la red sanitaria pública con todas las garantías.

8.- Proporcionar una atención sanitaria desde un modelo biosicosocial que considere los determinantes de género dirigida a: 

-     Evitar la medicalización del cuerpo de las mujeres en relación al parto, malestar, terapia hormonal sustitutiva,  vacunación del Papiloma virus, mamografías, consumo de  cirugía estética, técnicas de reproducción asistida: todo ello desvía recursos financieros, humanos y de investigación ante las necesidades y demandas de salud de las mujeres.

-    Visibilizar los problemas de salud de las mujeres relacionados con el cuidado a las personas dependientes a su cargo, la invalidez, los procesos de enfermedad degenerativa propias de la vejez; anorexia, obesidad, fibromialgia, y proporcionar servicios de atención acordes a la necesidad planteada.

-    Vigilar el impacto de la contaminación ambiental en la salud de las mujeres.

9.- Visibilizar la prostitución como producto de la discriminación de género, desincentivar la demanda, y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres que la ejercen.

10.- Aplicar las medidas del Convenio Europeo contra la trata de personas,  especialmente en lo relativo a la creación de un mecanismo de identificación de las víctimas. Intensificar, así mismo, los esfuerzos de cooperación con los países de origen, transito y destino, con el fin de prevenir la trata y poner a sus responsables a disposición de la justicia.

11.- Asegurar que las políticas de migración, la integración y las políticas de asilo se basen en los derechos humanos. Dar prioridad absoluta a la protección de los derechos humanos de las mujeres migrantes en situación irregular frente a las políticas de control migratorio. Vigilar los posibles efectos disuasorios del artículo 31 bis de la Ley de Extranjería, relativo a la apertura de un expediente de expulsión a mujeres víctimas en situación irregular. 

12.- Apoyar la propuesta de asociaciones de inmigrantes y de feministas canalizada por INSTRAW en 2009, de equiparación de las 754.000 empleadas de hogar al régimen laboral general. En estas mujeres confluye una doble discriminación, como trabajadoras de un régimen laboral y de seguridad social con menos derechos, y como inmigrantes, pues el 92% de las 289.500 personas extranjeras no comunitarias de alta en este régimen son mujeres.

13.- Redoblar los esfuerzos para eliminar las imágenes y actitudes estereotipadas sobre los roles de las mujeres y hombres  en las familias y la sociedad.

14.- Respecto a las mujeres campesinas y del medio rural, desarrollar el derecho a la Titularidad Compartida de las explotaciones, con entidad jurídica suficiente, y conceder derechos profesionales e ingresos justos a las mujeres que están trabajando sólo como “Ayuda Familiar”. Reconocer a las mujeres productoras de alimentos sostenibles, y su imprescindible papel en la construcción de la Soberanía Alimentaria.

15.- Adoptar medidas efectivas para eliminar la discriminación contra las mujeres de etnias y grupos minoritarios, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad. Tomar fuertes medidas contra el uso de argumentos basados en el relativismo cultural, valores religiosos o las creencias y/o prácticas, para justificar cualquier violación de derechos humanos de las mujeres.

16.- Garantizar el acceso de las niñas a la educación en pie de igualdad, y dotar al sector educativo de los medios necesarios para asegurar su proactividad, con el fin de combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres. 

17.- Reclamar que, en caso de nacimiento o adopción, los permisos para cada progenitor (ahora llamados de paternidad, de paternidad o parentales), sean iguales, intransferibles, con la misma parte obligatoria y pagados al 100%.

18.- Cumplir los compromisos e impulsar la coherencia de políticas para promover la igualdad de género y erradicar la pobreza. La declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, reconoce la pobreza como “un problema complejo y multidimensional y sus orígenes están tanto en el ámbito nacional como en el internacional”. Este consenso debería estar presente a la hora de definir políticas y programas transnacionales de índole económica, comercial y financiera en coherencia con la cooperación al desarrollo, así como los acuerdos de colaboración con los países socios. La cooperación de la UE y la cooperación española  deben alcanzar en el medio plazo una coherencia de políticas que permita que lo que se avanza a través de la eficacia de la ayuda no se vea mermado con otro tipo de políticas, especialmente las comerciales, financieras y migratorias.

La Plataforma ¡Impacto de Género YA! considera grave obviar la política fiscal en el informe de impacto de género de los PGE 2010

Madrid, 20 de octubre de 2009.-La Plataforma ¡Impacto de Género YA!, constituida por 23 asociaciones y grupos feministas, valora positivamente que por segundo año consecutivo la Ley de los Presupuestos Generales del Estado adjunte el Informe de Impacto de Género, aunque el régimen especial establecido por el Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, para la valoración del impacto de género de la Ley de Presupuestos exige para su continuidad y eficacia su inclusión en los artículos 36 y 37 de la Ley General Presupuestaria. Cabe destacar que fue presentado en correcto tiempo y forma. Así mismo, el uso de una estructura común para el análisis de de todos los programas de gasto facilita el seguimiento.

No obstante, desde la Plataforma ¡Impacto de Género YA! No queremos dejar de hacer hincapié en que el informe no incluye cifras ni importes que apoyen cuantitativamente el análisis de los programas y objetivos de igualdad y su peso en la programación estatal. Apenas el Ministerio de Interior presenta algunas cifras y el resto de los ministerios lo hace aislada. Esta carencia no garantiza el principio de publicidad y transparencia de las políticas públicas, y conlleva un análisis superficial de los programas.

Además, la Plataforma quiere poner énfasis en las siguientes observaciones:

1. Por segundo año consecutivo el informe de impacto no contempla el estudio de los ingresos. La política fiscal tiene un impacto de género muy relevante que debe  ser estudiado y recogido, obviar este ámbito en un informe de género resulta una falta de gran importancia. 
2. El análisis del gasto de los departamentos ministeriales se reduce a las partidas vinculadas con la Ley de Igualdad y el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011, olvidando aplicar el análisis de género al resto de las partidas.
3. Aún haciendo un análisis exclusivo de los gastos ni siquiera contempla todos ellos. Así, el Ministerio de Fomento, que supone el 12,64% del gasto de Ministerios, y Política Territorial, que gestiona el 5,6%, tampoco existen datos de la Seguridad Social, especialmente relevante ya que de ella dependen las pensiones, prestaciones por desempleo, maternidad y paternidad.
4. En Atención a la Dependencia se analiza la igualdad del programa 231F de 246 millones, pero no la del principal de 1.830 millones, pese al problema de las cuidadoras.
5. El informe es en nuestra opinión insuficiente e incompleto ya que reitera objetivos y resultados de los distintos Planes incluidos en las partidas presupuestarias, sin entrar a  analizar las partidas presupuestarias, como por ejemplo en el caso del Plan de Trata
6. La clasificación de programas que realiza el informe establece tres grupos según el grado de relación de conexión con la igualdad. Resulta llamativo que jefatura de estado, gestión de aguas y medioambiente consten en el grupo de programas sin incidencia evidente y manifiesta en la igualdad de género
7. Llama la atención que el Ministerio de Igualdad no haga ninguna referencia a las recomendaciones que realiza la CEDAW al gobierno de España  siendo éste el ministerio que coordina el informe.
8. Las conclusiones del informe resultan vagas y generalistas. En este sentido, cabría esperar del informe de impacto de género de los presupuestos Generales del Estado algo más que una referencia a la importancia del uso de un lenguaje inclusivo.

      Desde la Plataforma solicitaremos a los co-firmantes del Informe de Impacto, Ministerio de Igualdad y Ministerio de Economía que nos faciliten las cifras en euros de los programas presupuestarios analizados en el informe.

FIN